Un imparcial Vista de decreto 065 de 2020
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En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Existente decreto-calidad, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2025. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
a) Certificado emitido por los presidentes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATMB), de los ingresos por tarifa correspondientes al año 2018 de dichos consorcios, excluyendo de esas cantidades las aportaciones que corresponden a las entidades locales según su grado de Décimo en dichas entidades o las subvenciones o transferencias por las que participaron en su financiación en el año 2018.
5. La condición de la empresa como concesionaria de transporte regular de viajeros por carretera será acreditada mediante certificado emitido por el órgano competente de la Dirección Militar de Transporte por Carretera y Ferrocarril expresando dicha circunstancia.
Inicio: Normatividad en seguridad y Vitalidad en el trabajo que debe aparecer en un matriz de requisitos legales actualizada en el año 2025.
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Una matriz legítimo es un documento que recopila y organiza la normatividad actual que aplica a una empresa o estructura en Colombia.
Que de conformidad con el artículo 145 de la Calidad 1955 de 2019, el monto de las tarifas de renovación que deben sufragarse a favor de las cámaras de comercio lo fija el Gobierno Doméstico, según tarifas diferenciales en función del monto de los activos o de los ingresos de actividades ordinarias del comerciante o del establecimiento de comercio, según sea el caso, con cojín en el criterio más oportuno para la formalización de las empresas.
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Normatividad en seguridad y Salubridad en el trabajo que debe aparecer en un matriz de requisitos legales actualizada en el año 2025.
b) Se solicitará a los beneficiarios una auditoría o certificado de la persona a la que corresponda, de acuerdo con las normas estatutarias, las funciones de Confianza pública o las de fiscalización de la administración económico financiera, en el que se evidencie el cumplimiento de los requisitos recogidos en los artículos 37.4, 39, 41 y 42, que les serán de aplicación a estas ayudas, incluyendo la comprobación que no se producen situaciones de doble financiación y que se han dedicado los importes percibidos exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte divulgado y, en todo caso, a compensar a los operadores de transporte por la merma de ingresos que supuso la implantación de la medida en los plazos establecidos en la norma.
En cualquier caso, todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos a que se hace referencia en esta norma deberán incluir de manera expresa que reciben financiación del resolucion 0312 de 2019 consulta la norma Profesión de Transportes y Movilidad Sostenible, e incluirán el logotipo específico que estará adecuado en la Sede Electrónica del Profesión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Disposiciones relativas al transporte colectivo urbano e interurbano competencia de las comunidades autónomas y de entidades locales
Que la prestación de los servicios públicos registra les a cargo de las Cámaras de Comercio conlleva el examen de funciones públicas que la clase les ha confiado en crecimiento del esquema de descentralización por colaboración consagrado en la Constitución Política, por lo cual, los derechos establecidos por la condición a cargo de los usuarios de los registros y a favor de las Cámaras de Comercio son de naturaleza pública. En este orden de ideas, el artículo 182 de la Clase 1607 de 2012 "
Por su parte, la disposición adicional tercera, de extensión de medidas de apoyo agrario por la DANA en la provincia de Valencia, reúne aún las notas de extraordinaria y urgente pobreza. Una ocasión transcurrido un cierto tiempo desde el impacto inicial de la DANA y disponiéndose aunque de una información más precisa y certera sobre la magnitud de los daños ocasionados por la misma, se ha podido comprobar la existencia de parcelas o explotaciones agrarias que se han gastado gravemente afectadas por aquella y que sin embargo no se encuentran en los términos municipales del ámbito de aplicación previsto en el Verdadero Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, sino en otros próximos, en su mayoría limítrofes.